La Agencia Española de Protección de Datos va a abrir un incidente de seguridad para depurar responsabilidades en el caso de los funcionarios del Ayuntamiento de Granada que espiaron nóminas de políticos a fin de determinar su grado de responsabilidad y el del propio consistorio, tras detectarse "vulnerabilidades en el sistema".
Así consta en una resolución del 12 de junio de la Agencia Española de Protección de Datos, dada a conocer este martes por el Ayuntamiento, en la que se identifica como autores de los accesos irregulares a estos dos funcionarios del Centro de Proceso de Datos municipal, el exdirector de Informática y el subdirector de Soporte.
Según este informe, ambos vulneraron el fichero de nóminas desde la propia red del Ayuntamiento, esto es, desde sus puestos de trabajo; aunque la mayor parte de los accesos se realizaron a través de direcciones IP externas, concretamente desde sus teléfonos móviles, según ha relatado en rueda de prensa el concejal de Personal y Organización, Juan Antonio Fuentes (PP).
Respecto a las vulnerabilidades que permitieron los accesos irregulares al sistema, la Agencia concluye que para hacerlo era necesario tener conocimientos sobre el funcionamiento de la aplicación y conocer las claves, por lo que este fichero era sólo vulnerable para el personal del Ayuntamiento, según ha recalcado Fuentes.
Desde esas direcciones IP, los funcionarios accedieron por una parte a 83 nóminas y certificados de retenciones de siete usuarios distintos y por la otra a 18 nóminas y un certificado de retenciones de tres usuarios distintos.
Ambos funcionarios han sido denunciados por estos hechos por parte de la Fiscalía, que les atribuye un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público y otro en su modalidad de acceso y mantenimiento inconsentido en un sistema de información.
AL JUZGADO
El concejal de Personal y Organización se ha mostrado "satisfecho" con esta resolución, al considerar que "da la razón" al Consistorio en cuanto que el fichero de nóminas tenía el nivel de seguridad que le correspondía y sólo pudo ser vulnerado por personal del Ayuntamiento que conocía su funcionamiento.
De hecho, el edil ha manifestado su pretensión de trasladar estos datos al Juzgado de Instrucción 1 de Granada que está investigando el asunto y de solicitar a la Agencia de Protección de Datos que paralice el expediente y espere "hasta que el juez abra juicio oral", a fin de que se dicte sentencia y se eviten contradicciones entre un organismo y el otro.
Fuentes ha defendido que el Ayuntamiento ha actuado con "rigurosidad" en este caso, toda vez que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía cuando ocurrieron y solventó las vulnerabilidades que presentaba el sistema.
