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Miércoles 15/05/2024  

Andalucía

PSOE-A propone una iniciativa conjunta en el Congreso para que el Gobierno pague la inversión por población

Mario Jiménez ha explicado en rueda de prensa que esa iniciativa legislativa popular es una de las medidas que el PSOE-A ha incluido en su paquete de propuestas sobre desarrollo estatutario

El PSOE-A ha anunciado este lunes que ha propuesto a PP-A e IULV-CA registrar conjuntamente una iniciativa legislativa autonómica en el Parlamento andaluz pidiendo que el Gobierno central pague a la comunidad los 2.000 millones de euros que se le adeudan por la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía (inversión por población), de manera que una vez que sea aprobada por el Pleno se remitiría al Congreso de los Diputados para su debate.

   El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, ha explicado en rueda de prensa que esa iniciativa legislativa popular es una de las medidas que el PSOE-A ha incluido en su paquete de propuestas sobre desarrollo estatutario que llevó el pasado jueves a la Mesa de Partidos del pacto por Andalucía, donde se ha empezado a debatir sobre ese asunto.

   Jiménez ha confiado en que el PP-A se sume a esa iniciativa y que en el Congreso de los Diputados pueda ser aprobada de manera definitiva con los votos de PSOE, Partido Popular e Izquierda Unida. Ha indicado que si el PP-A finalmente no quiere respaldarla, el PSOE-A la registraría en el Parlamento andaluz conjuntamente con IULV-CA.

   Según Jiménez, basta con la mayoría absoluta de la Cámara andaluza para que la iniciativa legislativa autonómica pueda remitirse al Congreso de los Diputados para su debate.

   Ha indicado que de la cifra que se está hablando en un principio, ya que podría ser mayor, es de 2.000 millones de euros, por un lado, los 1.504 millones que fueron certificados por la Intervención General durante el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, por otro lado, 500 millones en concepto de la deuda generada por los dos presupuestos generales del Estado elaborados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy (los de 2012 y 2013).

   El objetivo es que el Congreso de los Diputados, según ha señalado, pueda aprobar por ley la liquidación de esa cantidad, porque se trata del cumplimiento del Estatuto de Autonomía, a lo que está obligado el Gobierno de la Nación.

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