El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, cree que una eventual sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra la 'doctrina Parot' obligaría a su aplicación en España y ha asegurado que no ve "vías" para poder evitarla. En esta línea, ha considerado que, si la resolución "confirma la ilegalidad" de esta doctrina, supondrá "el adelantamiento de la puesta en libertad" de los presos a los que se les ha aplicado.
Calparsoro se ha referido, de esta forma, a la decisión que deberá adoptar la Gran Sala del TEDH en el caso de la presa de ETA, Inés del Río, a la que se le ha prolongado la condena en base a la doctrina Parot. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que hará "ingeniería jurídica", ante la posibilidad de que el Tribunal de Estrasburgo falle contra la citada doctrina.
El máximo representante de la Fiscalía vasca ha considerado que las sentencias del Tribunal de Estrasburgo "obligan al Estado español" porque "España forma parte de un convenio internacional, que es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que vincula a todos los poderes públicos, incluidos los órganos judiciales".
"Y en el caso de que el Tribunal de Estrasburgo entendiera que esta doctrina va en contra de este Convenio Internacional del que forma parte España, nos obligaría a los Juzgados, tribunales y fiscalías a aplicar ese nuevo criterio sentado por Estrasburgo", ha añadido.
Por ello, en caso de que el TEDH "confirme la ilegalidad de la doctrina Parot", no ve "vías para evitar su aplicación y habría que aplicarla por los jueces y por los tribunales" porque la resolución del Tribunal de Estrasburgo "obliga al Estado, y por tanto, obligaría a los tribunales".
PUESTA EN LIBERTAD
Juan Calparsoro ha precisado que, si la sentencia es contraria a la doctrina Parot, "a los presos que estén en la situación de prolongación de prisión" por habérseles aplicado "esa nueva manera del cómputo de cumplimiento de penas, tendría que hacérseles una refundición, una nueva liquidación de condena, que derivaría en un adelantamiento de su puesta en libertad".
Calparsoro ha recordado que habrá que esperar a ver qué decide la Gran Sala, "pero reconociendo las dificultades jurídicas derivadas de que ya hay una primera sentencia en la que ya, por unanimidad, el tribunal decide que esa doctrina va en contra del convenio en lo que se refiere a la retroactividad".
