El tiempo en: El Puerto

Almería

El tribunal de jurado contra el acusado de matar a golpes a su esposa en Vícar se celebra en julio

El juicio contra Francisco Antonio J.C., para quien el fiscal interesa penas que suman 31 años de prisión, se iniciará a partir del día 8 ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería

Publicidad AiPublicidad AiPublicidad Ai

La vista oral con tribunal de jurado contra el marido de Salud G.C., de 41 años, a quien presuntamente asesinó en septiembre de 2011 después de que ella iniciase los trámites para el divorcio tras 16 años de violencia, se celebrará a partir de la primera semana de julio.

   El juicio contra Francisco Antonio J.C., para quien el fiscal interesa penas que suman 31 años de prisión, se iniciará a partir del día 8 ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería, según han indicado a Europa Press fuentes judiciales.

   Salud G.C., celadora del hospital de Poniente de El Ejido y a quien su presunto asesino estaba esperando en el domicilio familiar, falleció por un traumatismo craneoencefálico severo debido a la "brutal agresión" a manos de su marido, con quien tenía una hija en común de 13 años y quien "planificó" el crimen para causarle el mayor "sufrimiento posible".

   El procesado se enfrenta a delitos de asesinato, de amenazas y de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar. El fiscal solicita 25 años de prisión por el primero de ellos y penas de tres años de cárcel por cada uno de los dos delitos relacionados con malos tratos.

   El crimen causó gran conmoción en la localidad en la que residía la víctima y en su propio entorno laboral, que convocó concentraciones de repulsa y condena por su muerte en la red de hospitales provincial. Por su parte, el Ayuntamiento de Vícar decretó dos días de luto.

   Según recoge el escrito de calificación, Francisco Antonio J.G., de 44 años, mantuvo desde el principio del matrimonio una "continua actitud agresiva y de intimidación" con la víctima, a quien "atemorizaba" con "discusiones sin ningún motivo" en las que utilizaba un lenguaje "insultante".

   El procesado la sometía también a un "constante control económico", que incrementó, al igual que su violencia, cuando Salud G.C. interpuso la demanda de divorcio. A raíz de ese momento, remarca el fiscal, la amenazó en varios ocasiones diciéndole que si no retiraba la demanda "se iba a acordar toda la vida".

   Pocos días antes de cometer presuntamente el crimen, Francisco Antonio J.G. fue llamado para acudir al juzgado por tramites relacionados con la disolución de su matrimonio y, según el Ministerio Público, "decidió acabar con la vida de su mujer, esperando el momento más oportuno para ello".

   A las 08,30 horas del día 27 de septiembre, abordó a la víctima cuando ella regresaba del trabajo al domicilio familiar, en el número 39 de la calle Homero, y "dando cumplimiento a lo que había planeado y con la intención de quitarle la vida", comenzó a golpearla de "forma brutal en diversas partes del cuerpo, sobre todo en la cabeza".

   En su escrito, el fiscal relata que el procesado agarró "fuertemente por detrás del pelo y de las orejas" a Salud G.C. y "teniéndola así sujeta de modo que ella no podía defenderse, golpeó su cabeza de forma reiterada contra la pared, contra el suelo, y contra el mobiliario de la habitación".

   El Ministerio Público considera, asimismo, que se ensañó ya que, una vez que ella cayó al suelo después de que haber sido "presionada con fuerza en el cuello", "continuó golpeándola pese a que pedía ayuda, haciendo que con ello aumentara su sufrimiento toda vez que estaba con vida mientras le asestaba cada nuevo golpe".

   Francisco Antonio J.G. solo interrumpió la "brutal" agresión para "correr las cortinas" de una puerta cristalera que daba a la calle tras "percatarse de que le estaban observando desde el exterior del domicilio". Las "numerosas" heridas que sufrió provocaron a Salud G.C. un traumatismo craneoencefálico severo que derivó en shock hemorrágico.

   La Fiscalía, que aplica la agravante mixta de parentesco interesa, además de las penas privativas de libertad, que indemnice a la hija mejor de 13 años con 200.000 euros por la muerte de su madre.

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN