La constructora 'Detea', que junto con 'Aldesa' construyó para el Ayuntamiento de Sevilla la nueva sede de la Delegación municipal de Seguridad y Movilidad, edificada a partir de las antiguas instalaciones de la cárcel de La Ranilla, ha anunciado este miércoles que está dispuesta a reclamar "por vía judicial" los 2.678.688 euros agregados al coste total del proyecto en una certificación final de obras denegada por la Administración local.
Según figura en un documento que firma el 29 de octubre el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento hispalense, Maximiliano Vílchez (PP), fue en julio de 2008 cuando la Administración local adjudicó a la unión temporal de empresas (UTE) constituida entre 'Detea' y 'Aldesa' la construcción de la nueva sede de la Delegación de Seguridad y Movilidad, por un importe de 17.451.996 euros. No obstante, en diciembre de 2010 fue aprobada una "modificación de contrato" que se traducía en un nuevo "gasto" de 1.886.392 euros en este proyecto.
OBRAS YA EJECUTADAS
Pero, como figura en este documento que firma Vílchez y que recoge Europa Press, "al margen de esta modificación", el pleno del Ayuntamiento de Sevilla reconoció "la obligación de abonar al contratista obras ejecutadas por valor de 1.420.266 euros", pues "aunque estas obras estaban inicialmente consideradas y valoradas en el modificado, fue necesario ejecutarlas antes de su aprobación", A tal efecto, "el coste total de las obras ejecutadas ha ascendido a 20.758.655 euros, según detalla el concejal delegado de Urbanismo y Medio Ambiente en este documento, que además da cuenta de que el 13 de octubre de 2011, las obras fueron plenamente recepcionadas.
Pero, "como resultado de la medición general y definitiva de la obra, la empresa contratista" elevó al Ayuntamiento una "relación valorada y la certificación final" de las obras con un incremento del 12,92 por ciento respecto a los 20.758.655 euros ya reconocidos como coste total del proyecto. La empresa, en concreto, habría reclamado 2.678.688 euros más. Visto el asunto, el Ayuntamiento hispalense ha "denegado" la aprobación de esta relación valorada y certificación final del proyecto, pues media un informe del servicio de Contratación que concluye que "ese mayor coste (...) se debe a errores del proyecto elaborado por el propio contratista, máxime cuando tal desviación se produce sólo diez meses después de haber sido aprobado un proyecto modificado".
MODIFICACIONES "INSTADAS" POR EL AYUNTAMIENTO
Ante este escenario, la constructora 'Detea' ha anunciado, a través de un comunicado, su disposición a reclamar "por la vía judicial" los 2.678.688 euros solicitados, negando que esta cantidad responda a "errores en el proyecto imputables al contratista". "La cantidad adeudada se debe, en su mayor parte, a modificaciones no sólo autorizadas, sino además instadas por el propio Ayuntamiento, siendo certificadas por sus técnicos".
Al margen de la modificación de contrato acordada en 2010, según la empresa, el proyecto de obra sufrió cambios "de envergadura" que han derivado en el mencionado conflicto. "La inicial configuración de un edificio de siete plantas quedó en cuatro plantas, con un aumento importante de la superficie a construir, y fueron realizados múltiples ajustes para dar cabida a nuevas delegaciones municipales como las de Convivencia y Seguridad y la de Movilidad. Todas estas modificaciones fueron propuestas, ordenadas, supervisadas y aprobadas por el Ayuntamiento hispalense y las obras finalmente realizadas incluyen todos y cada uno de los cambios que fueron propuestos y autorizados por el propio Ayuntamiento", resume 'Detea', que intentará "agotar la vía del diálogo antes de recurrir a los tribunales".
