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ALAT alerta de los peligros sanitarios que puede acarrear retirar la atención a los enfermos de SIDA

Se estima que en España entre el 65% y el 70% de los inmigrantes con VIH en situación irregular conocerían su infección, y entre 2.700 y 4.600 personas dejarían de recibir tratamiento antirretroviral

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La Asociación Local de Ayuda al Toxicómano (ALAT) ha querido mostrar su respaldo a la Coordinadora Estatal de VIH-Sida, CESIDA, que en un informe advierte de las "graves consecuencias" que tendrá en la salud individual y colectiva, la retirada de la tarjeta sanitaria a los extranjeros en situación irregular el 31 de este mes, "afectando a los derechos básicos como es el Derecho de la Salud, generando graves consecuencias en la calidad asistencial y en la atención sanitaria, en el medio y largo plazo".

En este sentido, Juan Ramón Barrios, miembro de la Comisión Ejecutiva de CESIDA, ha señalado que “retirar la tarjeta sanitaria es una medida que incrementa el riesgo de exclusión social y las desigualdades en salud. Además, la orden que está preparando el Gobierno de Mariano Rajoy para que las personas inmigrantes en situación irregular que quieran ser atendidas en hospitales y centros de salud públicos tengan que pagar una cantidad mensual, es un parche inasumible para muchas personas, que supone un  paso más hacia la privatización de la sanidad pública y provocará complicaciones que requerirán la utilización de la vía de urgencias hospitalarias, incrementando los ingresos hospitalarios, la presión asistencial, suponiendo en consecuencia mayor gasto sanitario.”

Las consecuencias principales de estas medidas, una vez que las personas extranjeras en situación irregular con VIH que a partir de septiembre no tengan la tarjeta sanitaria, y por tanto no tendrán acceso a los medicamentos antirretrovirales, serán, según CESIDA, "el deterioro de la salud comunitaria y una falta de control sanitario respecto a la transmisión de enfermedades infectocontagiosas, lo que generará un serio problema de salud pública". Además, denuncian desde la Coordinadora, supone "una violación de los derechos humanos y contraviene lo establecido en el artículo 43 de la Constitución Española donde se reconoce el derecho a la protección de la salud".

Algunas de las consecuencias, tanto a nivel individual como de la sociedad, de no recibir tratamiento antirretroviral ya sea como continuación del mismo o en personas recién diagnosticadas, son, entre otras, el incremento  de muertes en las personas infectadas por el VIH, el aumento del número de infecciones oportunistas y de los ingresos hospitalarios, el incremento en la transmisión del VIH a la población general, generando un grave problema a nivel de salud pública, el aumento de enfermedades infecciosas, como tuberculosis, sífilis, etc. , y una mayor posibilidad de transmisión madre-hijo del VIH.

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