En su primera intervención ante el Consejo de Gobierno de la Universidad, Ramírez Arellano señaló que la US defenderá “con contundencia la inversión pública realizada, recurriendo en su caso a las instancias oportunas, dado que entendemos que todo lo construido es compatible con una zona verde adecuadamente diseñada sobre rasante, con 80 plazas de aparcamiento en el subsuelo”.
Así, señaló que “el proyecto cultural para el Prado de San Sebastián queda en manos del Ayuntamiento de Sevilla, que tiene siempre la potestad para modificar el PGOU, y cumpliendo la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo, permitir la construcción de este o cualquier otro edificio en los jardines. Estoy, en todo caso, seguro de que todas las partes harán sus mayores esfuerzos para colaborar a una solución racional y equilibrada”.
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, ha contestado que el Consistorio “acatará lo que diga la Justicia” y que estudiará cualquier propuesta de modificación, que ahora desconoce.
La negociación, a priori por los vecinos que consideran que sería dilatar aún más la solución a este conflicto, estará condicionada por una próxima sentencia sobre la demanda de ejecución inmediata de la sentencia solicitada por los residentes en Diego de Riaño.
En este sentido, y ante la posibilidad de que se extienda el proceso judicial, los servicios técnicos de la US analizaban la viabilidad de ubicar la Biblioteca Central, que se denominará Rector Antonio Machado y Núñez, y el Archivo Histórico en el edificio previsto para la Fundación de Investigación de la US (FIUS), proyectado junto a los pabellones de México y Brasil, y para el que ya existe licencia municipal de obra. La construcción podría iniciarse de inmediato y su plazo de ejecución sería de un año.
