En rueda de prensa en Sevilla, Álvaro Julio ha negado que haya existido "ni montaje ni creación de nuevos expedientes", sino la incorporación de expedientes históricos a una nueva herramienta informática de apoyo a la gestión de Invercaria, y ha apuntado como "información relevante y pertinente" que el exdirector de Promoción que aparece en la grabación es "hijo del secretario general de Asaja Cádiz y asesor del equipo económico del PP-A", Javier Arenas.
El presidente de Invercaria ha precisado que esa grabación la había aportado el exdirector de Promoción de Invercaria, Cristóbal Cantos, en su juicio por despido ante el Juzgado de lo Social, que se celebrará el próximo 9 de marzo, después de que Cantos haya demandado a Invercaria y a la propia Gómiz por despido improcedente. En ese punto, Álvaro Julio argumentó "falta de confianza" para dicho despido, mientras que Cantos asegura que se produjo un caso de 'mobbing'.
No obstante, Álvaro Julio, que es presidente de Invercaria desde el 21 de febrero, cuando presentó su dimisión Laura Gómiz "por cuestiones personales y para preparar mejor su defensa frente a Cantos", considera que este caso y esta última prueba "va más allá de un juicio por despido" y asegura que "se ha hecho y se quiere hacer mucho daño político".
Tras apuntar que esta grabación se presentó en la segunda semana de febrero ante el juez y el 27 se dio traslado a la propia Laura Gómiz de esta nueva prueba, el presidente de Invercaria ha precisado Invercaria ordenó investigar la grabación para comprobar su veracidad, algo que se encargó a la empresa Graudio, que detectó "13 cortes en la grabación y donde hay serios indicios de manipulación, casualmente todos en el momento en que habla Gómiz y ninguno en el momento en que habla Cantos", lo que "nos hace dudar de dicha grabación y no le damos absolutamente ningún valor". Este informe técnico se ha aportado como pericial al juzgado de lo social.
Ante esta situación, Álvaro Julio ha anunciado que Laura Gómiz presentará este lunes una querella contra Cantos, mientras que la propia Invercaria "ha dado las instrucciones a sus servicios jurídicos para que determine qué tipo de acciones judiciales se puede tomar contra esta persona".
Asimismo, ha explicado que la grabación, cuyo análisis y prueba pericial está todavía pendiente de ser aceptado como prueba, se efectuó en abril de 2011, hace referencia a "los trabajos que había que desarrollar desde 2010 en el sistema informático Tregua, en el que había que volcar los expedientes anteriores y añadirlos a los nuevos e incorporarlos al sistema informático de información y gestión; esa era la conversación real".
"Cuando se habla de montar los expedientes no se trata de falsear, sino de volcar la información en el programa Tregua, pero con la manipulación de la grabación se quiere dar a entender otra cosa", ha agregado el presidente de Invercaria.
"No se ha hecho ningún montaje de expedientes y nunca se ha falseado ninguna información ni se han inventado expedientes con posterioridad a su otorgamiento", ha aseverado Álvaro Julio, quien lamenta este "montaje y manipulación" sobre unas grabaciones "en las que se sacan frases y conclusiones que no son reales".
Asimismo, ha precisado que KPMG efectuó una auditoría "donde se comprobó que toda la información volcada en el sistema informático es coincidente con los expedientes que se realizaron y aprobaron por Invercaria, sin haber añadido ningún dato nuevo".
Asimismo, ha precisado que Cantos "era alto directivo de Invercaria desde 2005 e informó y actuó en todos aquellos expedientes que se le encargaron fue la persona que actuó sobre esos expedientes y emitió los informes". "Fue una persona de alta confianza en su momento, pero se empezó a manifestar problemas desde hace un tiempo, cuando la situación se modificó y se habló de reducciones de sueldos y otras situaciones", indica Álvaro Julio, que agrega que el padre de Cantos "es directivo de Asaja Cádiz y asesor económico de Arenas, por lo que con asas y verde...", aseveró.
Además, ha defendido la gestión efectuada por Laura Gómiz desde su entrada en la empresa en 2010 y ha precisado que ésta tras su dimisión sigue trabajando en Invercaria.
DEFENSA DE INVERCARIA
Francisco Álvaro Julio ha defendido la gestión de Invercaria "que mucho trabajo a Andalucía y al tejido productivo andaluz" y considera que "se está haciendo un daño muy fuerte con lo que está saliendo no solo por la institución sino por el trabajo y las personas".
Asimismo, cree "absolutamente erróneas" y unas "falsedades" las comparaciones y vinculaciones al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), pues considera que "no tiene nada que ver".
También ha criticado los datos de la información sobre el 'fallido' de Invercaria, que está "tendenciosamente manipulada", ya que Invercaria "tiene un nivel de fallido inferior al de otras sociedades de capital riesgo e incluso inferior a datos que suministra como media instituciones como la Universidad de Harvard, pero si se coge solo el 14 por ciento de la cartera sale el dato del 72 por ciento de fallido, mientras que si se coge la totalidad de la cartera, el total del fallido es del 15 por ciento".
Asimismo, ha reiterado que Invercaria "es una empresa absolutamente transparente en su acción, en su gestión y en sus datos", tras lo que recuerda que es auditada anualmente por empresa de prestigio como PwC y todos los fondos que maneja Invercaria "están autorizados, aprobados y controlados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV),
Ha recordado además el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, donde indicaba que "independientemente de algunos puntos, todas las cuentas de Invercaria y su patrimonio respondían fielmente a los datos que se habían aportado".
De esta forma, ha explicado que Invercaria "ha trabajado en más de 300 empresas, que han supuesto algo más de 3.000 puestos de trabajo y con una inversión de 62 millones de euros desde su creación".
Álvaro Julio ha precisado que Invercaria "no da ayudas sino que concede préstamos ordinarios o préstamos participativos, que las empresas deben devolver, o interviene en el capital social de la empresa, especialmente las nacidas de las universidades andaluzas, como capital semilla o capital arranque".
"Habría que analizar otras empresas de capital riesgo de otras comunidades autónomas para ver el nivel de transparencia", ha agregado.