Ambos comparecerán a las diez de la mañana como acusados de un delito continuado de cohecho pasivo ante un jurado popular del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, cuyos once miembros (nueve titulares y dos suplentes) se extraerán de entre 36 ciudadanos elegidos por un sorteo que se desarrollará el próximo día 26.
Los partidos de la oposición han censurado que Camps vaya a ser juzgado siendo aún diputado autonómico y miembro del Consejo Jurídico Consultivo, mientras que la Generalitat y el PPCV, han preferido no manifestarse tras conocer la fecha de la vista oral.
El magistrado presidente del jurado, Juan Climent, ha establecido el día de inicio en un auto que complementa una primera resolución en la que rechazó, entre otras alegaciones, que Camps fuera juzgado por el Tribunal Supremo, tal y como pidió su abogado en la vista de cuestiones previas.
En el apartado de los hechos justiciables, sobre los cuales se fundamentará la vista oral, el juez señala que Camps recibió, al menos, doce trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas; prendas valoradas en 14.021 euros que fueron adquiridas y pagadas por responsables de la trama.
Por su parte, Costa aceptó, al menos, cuatro trajes y seis pantalones valorados en 7.325 euros.
El propósito de la asunción de esos pagos" por sociedades pertenecientes a la red que controlaba Francisco Correa era el de "ganarse, mediante el agasajo, el favor de las personas" obsequiadas.
Las prendas fueron adquiridas en las tiendas "Milano" y "Forever Young" de Madrid entre 2005 y 2008, y los acusados las recibieron en sus domicilios de Valencia, en la sede de Orange Market o en la vivienda de Álvaro Pérez ('el Bigotes'), también en Valencia.
Este hecho impide que prospere la petición de Camps para ser juzgado en el Tribunal Supremo al haberse cometido los delitos en Madrid, ya que los regalos le fueron entregados en su ciudad.
El precio de las prendas lo abonó Pablo Crespo -secretario de organización del PP gallego hasta 1999 y unos de los cabecillas de la trama- con dinero procedente de las sociedades de la trama "Gürtel".
Según recuerda el auto, Orange Market actuó como proveedor del PPCV y de la Administración autonómica y ésta le adjudicó "numerosos contratos de muy variado objeto", entre ellos los pabellones que representaban a Valencia en diferentes ferias internacionales de turismo celebradas entre 2005 y 2009. El importe de las adjudicaciones para estas ferias ronda los siete millones de euros.
El juez Climent ha admitido la mayoría de las pruebas propuestas por las diferentes partes, entre ellas la declaración de dos jefes de planta de unos grandes almacenes en los que el expresidente de la Generalitat suele adquirir sus trajes.
La causa, conocida popularmente como "el caso de los trajes", se inició el 6 de febrero de 2009, cuando dos funcionarios de Justicia se personaron en la Consejería de Turismo para reclamar el expediente del expositor de la Comunidad Valenciana en Fitur, adjudicado a Orange Market.
Tres días después 'el Bigotes' fue detenido, y el 19 de febrero dos periódicos publicaron la supuesta vinculación de Francisco Camps con la trama, algo que desmintió en una comparecencia de urgencia junto a todo su Gobierno.
El pasado 20 de julio, dos meses después de ser reelegido en su cargo, Camps dimitió al ser procesado por segunda vez por el magistrado José Flors, convirtiéndose en el sexto presidente de una comunidad autonómica que dimite durante su mandato por estar involucrado en un proceso judicial.
El exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, procesados en la misma causa, asumieron su culpabilidad y fueron condenados el pasado 16 de septiembre a sendas penas de 9.600 euros de multa.
