La operación, que ha contado con 120 agentes especializados en la lucha contra las redes de tráfico de inmigrantes, se ha desarrollado en Barcelona, Alicante y Valencia y ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Santiago Pedraz, según informa la Guardia Civil.
Dada la envergadura territorial de la trama, que contaba con "sucursales" en Austria, Bélgica, Rumanía, Grecia, Turquía, Bulgaria e Irlanda, también se activaron los mecanismos de cooperación policial y judicial en estos países, lo que ha permitido a las autoridades austríacas proceder a la desarticulación de otra rama de esta red.
Durante sus años de funcionamiento, que la Guardia Civil no especifica en su nota de prensa, se calcula que la red pudo introducir de forma irregular en España a unas 1.500 personas, la mayoría de origen iraní y algunas de origen afgano, teniendo también como destino final otros países europeos y, en menor medida, Canadá.
Según lo investigado, los inmigrantes tenían que pagar a la organización hasta 30.000 euros a cambio de una "bolsa de viaje" que incluía billetes de avión, documentaciones falsas, alojamientos, comida y ropa, por lo que se estima que esta actividad delictiva le llegó a reportar a la red varios millones de euros.
La organización desarticulada había operado en sus inicios en Rumanía y posteriormente en Bélgica, país donde fueron juzgados sus miembros en rebeldía, y al darse a la fuga trasladaron su base de operaciones a la zona de Cataluña y Levante principalmente.
Uno de los domicilios con que contaba esta red en la localidad alicantina de Altea (Alicante), y que ha sido registrado en esta operación, era utilizado como piso "patera" y en él se alojaban un total de once inmigrantes de nacionalidad iraní, entre ellos dos menores de edad.
En otros domicilios ha sido intervenida gran cantidad de pasaportes falsos de distintos países de la Unión Europea, un dispositivo para la manipulación y alteración de documentos de viaje, siete equipos informáticos, dispositivos de almacenamiento electrónico de datos, una gran cantidad de teléfonos móviles, así como un arma corta simulada.
La investigación ha desentrañado el "modus operandi" de esta organización, que estaba perfectamente estructurada y jerarquizada, y era capaz de "colocar" de forma clandestina a los inmigrantes ilegales en el país de destino en menos de 24 horas.
También se ha comprobado que operaba en diferentes países de Europa como Bélgica, Rumanía, Grecia, Austria, Irlanda y Bulgaria, así como de Asia (Irán, Afganistán y Turquía) y América del Norte (Canadá).
A su llegada, a los inmigrantes se les instruía y formaba en un adecuado estilo de vestir al modo "europeo" y se les proporcionaba documentos de viaje de países pertenecientes al espacio Schengen, para no levantar las sospechas de los policías de los aeropuertos por donde transitaban.
A los nueve detenidos en España se les acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, falsificación documental y usurpación del estado civil.
