Esta alarmante situación es recogida en el documento Derechos a la intemperie. Obstáculos para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España, presentado ayer en rueda de prensa, en la sede de la organización, por el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán. En el acto participó también el abogado Javier Rubio, representante de varias familias alojadas en los asentamientos de la Cañada Real Galiana en (Madrid), que ha estado acompañado de Irene Muñoz, asesora jurídica de la confederación de enfermos mentales Feafes.
Según Esteban Beltrán, la privación del acceso a las personas a una vivienda digna así como a una sanidad pública universal son ejemplos de “violaciones de los derechos humanos” de igual calado que la falta de libertad o de expresión. Aparte del problema de la vivienda con progresivos desahucios y desalojos forzosos en España, el director de AI-España ha denunciado que cerca de 200.000 personas carecen de cobertura sanitaria pública por el simple hecho de haber dejado de percibir la prestación por desempleo o por no haber trabajado nunca.
Los intervinientes advirtieron en el acto de que muchas de las personas sin recursos en España se encuentran
además “indefensas” jurídicamente, dado que no existen leyes que las respalden. Además, según Beltrán, estas personas resultan “invisibles” desde el punto de vista estadístico, puesto que apenas existen datos oficiales sobre pobreza o número de personas desahuciadas en España.
La indefensión y el desconocimiento respecto a la posibilidad de obtener reparación frente a los daños ocasionados por vulneración de derechos se agrava en los grupos socialmente más vulnerables, como los niños, los ancianos, los inmigrantes, las mujeres maltratadas, etc.
Así, por ejemplo, de acuerdo a los datos aportados en la rueda de prensa, más de 800.000 personas en España son analfabetas, y de ellas, siete de cada diez son mujeres. Según los intervinientes, la falta de datos o el exceso de tecnicismo y opacidad en el lenguaje para informar de ciertos servicios básicos convierten a los ciudadanos en presa fácil de prácticas abusivas. De ahí, la necesidad de una ley en España que regule el acceso a la información, como existe en otros países del entorno, ha asegurado Beltrán.
Ha añadido que ni siquiera la Constitución española otorga a los derechos económicos, sociales y culturales, a excepción de la educación, las mismas garantías de protección que respecto a otros derechos. Estos derechos son considerados como principios rectores dependientes de leyes específicas, con el problema de que no están siendo recogidos por las legislaciones de las distintas administraciones.
En la rueda de prensa se habló también de los asentamientos de la Cañada Real Galiana, en Madrid, en donde supuestamente viven entre 25.000 y 40.000 personas, que podrían ser desalojadas de sus viviendas “sin ningún tipo de garantías”, según advirtió el abogado Javier Rubio, responsable legal de algunas de esas familias.
Rubio recordó el conocido caso en la Cañada Real de Abdelilah Ghailan, a quien le fue derribada su vivienda en 2007, “sin que la familia pudiera siquiera recoger sus bienes”, y en medio de incidentes violentos con la intervención de la Policía municipal y antidisturbios.
No obstante, añadió que no es ése el único caso de asentamientos sucesivos en España, pues existen otros, como el del distrito de Sant Martí (Barcelona), en donde varias familias galaico-portuguesas dedicadas a recoger chatarra se han ido acomodando a lo largo de años en distintas naves y solares en desuso.
