Según información a la que ha tenido acceso Efe, la querella la presentó después de ser destituido como liquidador de las empresas municipales Estepona XXI, que continúan en proceso de liquidación y que fueron creadas durante la época de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL), que gobernó entre 1995 y 1999.
Domínguez, que indicó que su destitución se habría producido sin contar con capacidad jurídica para ella, denunció presuntos pagos de minutas a abogados con información opaca, entre otras cuestiones.
La titular Isabel Conejo ha citado a declarar al alcalde el próximo 26 de noviembre, y el regidor ha declinado hacer declaraciones a la espera de una rueda de prensa que se ofrecerá mañana.
En enero del presente año el Ayuntamiento denegó la prórroga de su jubilación al ex tesorero tras haber cumplido los 65 años siguiendo el procedimiento mantenido con el resto de trabajadores del Consistorio y de las empresas que alcanzaban esa edad.
Esta es la segunda imputación que recibe el alcalde, la primera tuvo que ver con la construcción de una vivienda sobre suelo rústico del que fuera su jefe de Gabinete de Alcaldía, Luciano Sánchez, tras ser nombrado Valadez alcalde en julio de 2008.
La vivienda se construyó en 2004 siendo Valadez concejal de Bienestar Social y Juventud, bajo mandato de Antonio Barrientos.
La jueza del Juzgado de Instrucción número 4 de Estepona le imputó los presuntos delitos de prevaricación y omisión del deber de perseguir delito.
