Igualdad quiere que se equiparen las ayudas por asesinatos machistas a las del terrorismo

El Ministerio e Igualdad ha propuesto que las ayudas por fallecimiento de una víctima de violencia machista a sus familias -actualmente 90.000- se equiparen a las que reciben las de terrorismo -250.000 euros- dentro de una "política de reparación que debe ser asumida por el estado".

Lo han explicado la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, tras la reunión del comité de crisis convocado para evaluar los últimos asesinatos machistas.

"Cuando decimos que la lucha contra la violencia de género es una cuestión de estado, una buena propuesta es la equiparación de esas cuantías a las victimas del terrorismo", ha asegurado Rodríguez.

Es la tercera vez que Igualdad reúne el comité de crisis -en el que participan también Justicia, Igualdad, Fiscalía y comunidades autónomas-, una medida puesta en marcha en julio de 2022 para analizar periodos con una "alta concentración" de asesinatos por violencia de género, como ocurre en mayo con 5 crímenes machistas.

"Es un comité de crisis convocado tras lamentar esos 5 femicidios, que es la media del mes de mayo desde que se contabilizan los casos; en total se han producido 105 feminicidios" en ese mes, ha comenzado explicando la secretaria de Estado, quien ha incidido en la necesidad de aplicar una política de reparación asumida por el estado "cuando se ha llegado tarde y no se ha hecho todo lo que se podía hacer".

Como el aumento de las ayudas por asesinatos machistas hasta equipararlas a las del terrorismo: "Son 160.000 euros de diferencia", ha añadido.

"Toca reflexionar también sobre el fondo de garantía de alimentos para que sea modificado e incluya no solo a los menores sino también a dependientes hasta los 26 años si lo necesitan", ha indicado la número dos de Igualdad, quien plantea aumentar el umbral de renta para percibirlo y la cuantía de 100 a 500 euros "para evitar esas situaciones de vulnerabilidad económica".

PROTEGER A LAS EMBARAZADAS Y A SUS HIJOS

Dos de las asesinadas en mayo estaban embarazadas y dos menores de edad -una niña de 2 años y una adolescente de 12- han presenciado el asesinato de sus madres, ha recordado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.

Igualdad quiere que en la orden de protección que se dicte para la madre embarazada se incluya ya la protección de su hijo. "En el caso de estas mujeres embarazadas que denuncian debe extenderse esa protección hasta que nazca el niño, para que la mujer no esté obligada luego a pedir la protección para su hijo".

"Ya se hace en algunos casos esta buena práctica y nos gustaría que se dictara en todos, para que el padre esté alejado cuando nazca".

Los menores son víctimas directas y en esos asesinatos ninguno de ellos tenían su orden de protección que debería ser generalizada cuando viven con la madre, ha lamentado.

FACILITAR ANTECEDENTES DEL AGRESOR ANTES DE DENUNCIAR

Interior anunció que iba a facilitar a las mujeres que habían denunciado información sobre sus agresores de Viogen, pero Igualdad quiere "ir más allá", y reclama también facilitar con las "debidas garantías" los antecedentes no solo de violencia de género de los supuestos agresores a las mujeres "que aún no están en condiciones de denunciar o que están dudando si hacerlo".

REVISAR LAS NORMAS SOBRE ARMAS

Lourdes recibió el 16 de mayo un disparo en plena calle en Orio (Gipuzkoa) por parte de su expareja, que se suicidó tras matarla. Igualdad cree que debe revisarse la política de tenencia y licencia de armas "para incluir aspectos que tienen que ver con la prevención de la violencia machista", como que ante una denuncia por violencia de género se retire ese permiso.

También que se acorten los tiempos de revisión y sean más frecuentes, ha dicho Rodríguez.

Las responsables de Igualdad han destacado la importancia de que se puedan cruzar los datos de Viogen y las personas con licencias de uso de armas para evaluar el riesgo que puedan sufrir las víctimas.

En este sentido, urgen a mejorar la conexión entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y las autonómicas. La última víctima es Maialen, de 32 años, que el día 28 fue asesinada en Vitoria estando embarazada de gemelos presuntamente por su pareja, contra quien existía una orden de alejamiento.

"Viogen no funciona en las comunidades" con sus propias policías, ha lamentado la secretaria de Estado, quien ha opinado que "esto debe mejorarse, para que pueda funcionar como ocurre en el sistema nacional de salud".

La secretaria de Estado se ha comprometido a "trabajar sin descanso para que se pongan en marcha todas las medidas lo antes posible" que incumben a su departamento y espera que sean aceptadas estas propuestas por el resto de las administraciones competentes.

Sobre los centros de crisis para atender a víctimas de violencia sexual, Rodríguez ha reconocido que le sorprende que haya gobiernos autonómicos que no quieran ponerlos en marcha y a pesar de haber recibido hace dos años los fondos europeos para hacerlo.