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España

La exhumaciones de Moscardó y Milans del Bosch del Alcázar de Toledo siguen pendientes

Moscardó y Milans del Bosch están enterrados en la cripta junto a otros militares y civiles que junto a ellos defendieron el Alcázar

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  • El Alcázar de Toledo. -

Tras la exhumación este lunes en el del Valle de los Caídos de los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, quedan pendientes las de dos dirigentes del franquismo: el general José Moscardó y el teniente coronel Jaime Milans del Bosch, que permanecen enterrados en el Alcázar de Toledo.

En concreto, Moscardó y Milans del Bosch están enterrados en la cripta junto a otros militares y civiles que junto a ellos defendieron el Alcázar durante el asedio que se llevó a cabo del 21 de julio al 27 de septiembre de 1936, un espacio que es únicamente visitable por sus familiares con autorización previa.

Sus exhumaciones siguen pendientes en aplicación de la nueva Ley de Memoria Democrática, en vigor desde el pasado mes de octubre, que prevé el traslado de restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 que ocupen un lugar "preeminente de acceso público distinto a un cementerio", con el fin de evitar actos de enaltecimiento.

Bajo la misma premisa, el pasado 3 de noviembre fueron exhumados los restos mortales del general franquista Gonzalo Queipo de Llano y de su esposa Genoveva Martí de la basílica de la Macarena de Sevilla.

En el caso de Primo de Rivera su exhumación se hizo a petición de los familiares en cumplimiento también de la nueva Ley de Memoria, que señala que en el Valle de los Caídos (rebautizado como Valle de Cuelgamuros) "solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra" Civil y obliga a reubicar "cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto".

Este era el caso de José Antonio Primo de Rivera, cuyo cuerpo fue junto con el del dictador Francisco Franco el único que se enterró en una tumba individual en el Valle.

Por su parte, la exhumación de Franco tuvo lugar en 2019 por decisión del Gobierno de Pedro Sánchez y con el aval del Tribunal Supremo, sin tener nada que ver en este caso la nueva Ley de Memoria, que fue aprobada años después.

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