La Guardia Civil investiga un total 41 construcciones ilegales en suelo rústico y ha imputado por su participación en las mismas a 40 personas entre particulares y representantes de empresas, en una actuación que se desarrolla en la localidad sevillana de Utrera.
En un comunicado, el instituto armado ha informado de que se trata de presuntos delitos contra la ordenación del territorio, cuyas investigaciones se iniciaron a finales de 2022, con una serie de inspecciones sobre una parcelación ilegal, formada por 41 subparcelas que se encuentran en suelo rústico.
Una vez analizadas las actuaciones, inicialmente se detectaron infracciones administrativas contra la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, que fueron remitidas al Ayuntamiento de Utrera, continuando la investigación, a su vez, con la instrucción de diligencias por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, al realizarse actos de urbanización, edificación y construcciones en suelo rústico (no urbanizable).
Las viviendas carecían de licencias y proyectos, siendo estos actos, además, ni legalizables ni compatibles con las normas urbanísticas aplicables.
La dificultad del trabajo deriva del alto número de subparcelas inspeccionadas y de la dificultad de la localización de los implicados, “obstaculizada por los propios interesados, al no facilitar datos, ni documentación relativa a la titularidad de los terrenos, teniendo que ampliar los agentes las actuaciones a los distintos registros de urbanismo, de la propiedad, el catastro o el registro mercantil”, según la nota.
Entre los imputados hay un total de 40 personas, entre promotoras y constructoras, tanto físicas como administradores de las empresas, que estaban participando en las construcciones o edificaciones detectadas.
El uso de este suelo es agrícola y no residencial, según la Guardia Civil, que ha indicado que las zonas donde antes existían huertas de árboles frutales, cultivos y olivares, se están convirtiendo de manera ilegal en zonas residenciales sin autorización.
Esto acarrea un uso excesivo y descontrolado de las aguas subterráneas para abastecer dichas parcelaciones ilegales, con vertidos añadidos de aguas residuales que se generan en las nuevas construcciones ilegales, al ser zonas que carecen de los servicios básicos, entre otros, el de alcantarillado.
