Según pudo saber este diario, el juez de la Sala de lo Penal del órgano judicial con sede en Madrid, Andrés Ibáñez, ratificó la resolución condenatoria por homicidio imprudente que había emitido la Sección algecireña de la Audiencia Provincial, y que posterior,mente había refrendado también la sala provincial.
La representación legal de la familia del fallecido había pedido una pena de prisión de 11 años y seis meses, así como una indemnización de 300.000 euros, a abonar tanto por el acusado como por la responsabilidad civil, en este caso la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil. La presentación de este recurso se fundamentaba en que, según esta parte, el juicio no se había celebrado atendiendo a las adecuadas condiciones de “imparcialidad”. En concreto, Pablo González de Vicente, uno de los abogados de la acusación, indicaba que había habido “contaminación” al solicitar el fiscal homicidio por imprudencia tras emitirse un juicio de valor, algo que habría influido decisivamente sobre la sentencia emitida localmente.
Recurso
Desde este bufete de Marbella se anunció que la familia presentará un nuevo recurso de apelación, en este caso ante el Tribunal Constitucional, con vistas a agotar todas las posibilidades legales de lograr la repetición del proceso “con otros magistrados” para tratar de garantizar la imparcialidad del proceso, que estiman perdida de antemano.
La presentación de este recurso tendrá lugar en los próximos días, y según la representación legal de la familia tardará aún unos meses en ser tramitado por la sala constitucional, antes de emitir un veredicto que refrende o rebata las consideraciones del Tribunal Supremo.
El juicio contra el guardia civil se celebró en el mes de mayo de 2009, dándose a conocer la sentencia poco después. Ya antes de finalizar la vista oral, la acusación particular había dado a entender que el proceso estaba “contaminado” y que en cualquier caso pensaban recurrir.
Meses después de los hechos se llevó a cabo una reconstrucción de la escena en el mismo punto de la autovía y en presencia de la jueza de instrucción. Para ello se utilizó la misma furgoneta en que viajaba de copiloto el joven, aún manchada de sangre, y se practicaron las pruebas periciales. A esta reconstrucción acudieron todas las personas que estaban en la furgoneta, incluido el primo de Clavijo, en cuyos brazos murió la víctima poco después.
Tragedia familiar
La vida de Miguel Clavijo quedó sesgada definitivamente el 12 de junio de 2006 a consecuencia de un tiro, según las sentencias hasta el momento fortuito, disparado desde el arma reglamentaria de un guardia civil. Las versiones de lo ocurrido fueron, desde el primer momento, muy confusas. De hecho, las primeras informaciones emitidas por Delegación del Gobierno y Guardia Civil chocaban hasta el punto de que los primeros decían que el suceso se produjo durante un control preventivo, y el segundo que no había habido tal control.
En cualquier caso, antes, durante y después del juicio los momentos de tensión fueron numerosos. En el mismo tanatorio, la familia mostró una gran hostilidad hacia los miembros del Instituto Armado, normal, vistas las circunstancias.
En el juicio, el agente, que entonces tenía entre 35 y 40 años y tiene mujer e hijos, estuvo de baja psicológica desde lo ocurrido, se derrumbó en numerosas ocasiones, hasta el punto de llorar.
Irónicamente, el padre de la víctima le dijo en plena sala que si quería un pañuelo. El juez lo acabó echando de la sala.
El guardia civil reiteró en varias ocasiones que el disparo fue accidental, y que éste se produjo mientras estaba verificando el arma entre la maleza junto al kilómetro 23 de la A-405.
