Sindicatos como CSIF y la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) han expresado su condena ante el trato vejatorio, insultos e intento de agresión que ha sufrido este lunes una médica que desarrollaba su labor en el Centro Penitenciario de Alcolea, en la capital cordobesa, por parte de un interno mientras la facultativa pasaba consulta en el módulo 10.
Según ha apuntado CSIF en una nota, el ataque se produjo como consecuencia del "desacuerdo manifestado por el recluso con la prescripción de su tratamiento farmacológico, momento en el que el interno arrinconó a la profesional empujando la mesa contra la pared, profiriendo insultos y amenazas hacia la doctora".
La central sindical ha informado de que "la situación se ha podido resolver sin que la agresión física llegara a materializarse gracias a la profesionalidad tanto de la médica como del personal funcionario de vigilancia, que ha actuado con rapidez como suele en este tipo de casos".
En este sentido, el sindicato ha expresado toda su "solidaridad" con la facultativa y le ha ofrecido sus servicios jurídicos y psicológicos ante "la gravedad de los hechos ocurridos".
Además, CSIF Prisiones ha señalado que "esta tentativa de agresión se suma al creciente malestar que sufre el personal sanitario del centro penitenciario desde hace años, debido a una relación de puestos de trabajo (RPT) que no está actualizada ni cubierta, una considerable merma retributiva respecto a sus compañeros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y una ausencia de transferencias en materia de personal y de servicio de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas que tendría que haberse llevado a cabo en 2003".
Mientras, la sección sindical en Córdoba de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha valorado en otra nota que "gracias a la rápida intervención de los funcionarios que vigilaban la consulta, la situación no fue a más y no ha habido que lamentar daños mayores, el interno fue reducido y trasladado al módulo de aislamiento".
Al respecto, han advertido de que "los centros penitenciarios de todo el país demandan más personal penitenciario y rejuvenecimiento de la plantilla y el Centro Penitenciario de Córdoba no es una excepción", alertando de que "el número de profesionales sanitarios en prisiones disminuye considerablemente, no se llegan a cubrir todas las vacantes y la situación dentro de los centros penitenciarios cada día es más difícil de controlar".
Asimismo, han indicado que "el número de psiquiatras en los centros penitenciarios se cuentan con los dedos de la mano y hay un creciente número de internos con trastornos mentales, a veces cumpliendo medidas cautelares al no haber centros adecuados para este tipo de enfermos y delincuentes".
Desde APFP llevan años demandando "ser agentes de autoridad, aumentar las ofertas de empleo público para cubrir el alto número de jubilaciones y bajas de larga duración, cada vez más frecuentes por la alta edad media de las plantillas, reconocimiento social y salarial y pistolas táser para reducir a los internos especialmente violentos y agresivos".
