El Juzgado de Instrucción 1 de Almería ha decretado el archivo de la causa penal contra los técnicos y trabajadores de la subcontrata procesados por su participación en los daños ocasionados en 2017 al yacimiento arqueológico de la Edad del Cobre de 'El Chuche en el municipio de Benahadux durante unas obras de conservación ejecutadas por el entonces Ministerio de Fomento en la carretera N-340.
El auto, fechado el pasado día 9, llega después de que hace dos meses la magistrada María Belén López acordase transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado al considerar que la actuación, que causó desperfectos cuantificados por un peritaje en casi 30.500 euros, podrían ser constitutivos de un presunto delito contra el patrimonio histórico.
Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que la resolución de archivo se dicta a raíz de las conclusiones provisionales formuladas por el Ministerio Fiscal, que, en su escrito, califica la actuación de los seis procesados como imprudente y la encuadra en un delito leve de daños sin formular acusación por haber prescrito.
Al haber transcurrido el plazo de un año que el Código Penal establece para los delitos leves, la jueza acuerda el archivo por prescripción, si bien resuelve dar traslado del expediente a la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía por si procede la vía administrativa para sancionar por infracción a Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.
A lo largo de la instrucción judicial se ha considerado acreditado que entre los días 17 y 20 de febrero de 2017, la Unidad de Carreteras del Estado del Ministerio de Fomento en Almería llevó a cabo obras de conservación y mantenimiento en la N-340a, en concreto, entre los puntos kilométricos 450 al 451, en el término municipal de Benahadux.
Los trabajos supusieron el allanamiento del terreno y el aporte de tierras a otras zonas hasta crear un talud que "invadió una parte" del yacimiento arqueológico de El Chuche, considerado Bien de Interés Cultural (BIC) y también hizo "desaparecer" los "hitos de señalización y delimitación de la zona arqueológica".
De acuerdo al peritaje, las obras hicieron "desaparecer", asimismo, los "restos de una necrópolis" que se encontraba sobre un talud del antiguo trazado de la carretera, por lo que, de acuerdo a la tasación, los perjuicios ascienden a 30.429 euros.
Los trabajos no fueron comunicados a la Delegación Territorial de Cultura de la Junta tal y como "era preceptivo", y "tampoco se consultó" cuál era el "planeamiento urbanístico" en el municipio de Benahadux".
Los investigados sobre los que ahora se dicta sobreseimiento son un jefe de Sección Técnica de la Unidad de Carreteras del Estado en Almería, el jefe de conservación de carreteras y el encargado de conservación de carreteras, ambos de la UTE Almería, los dos maquinistas de la contrata que llevaron a cabo materialmente los trabajos de mantenimiento en la N-340a y el representante legal de esta mercantil.
La jueza María Belén López requirió por primera vez en 2018 a la Asociación de Peritos Tasadores Judiciales de Andalucía que nombrase un experto en arqueología para elaborar la pericial necesaria para hacer avanzar el procedimiento acerca de los vestigios que podrían haber resultado afectados y el alcance de la citada afección.
En hasta tres ocasiones repitió su petición de un experto para que procediese a realizar un estudio arqueológico "independiente, objetivo e imparcial", si bien este no se aportó al juzgado hasta febrero de 2022.
