Fuentes de dicha organización aseguraron al diario La Razón que “en lugar de marineros europeos se está contratando por un puñado de euros a personas de países asiáticos que no saben lo que hacen”. En su siembra de argumentos advierten de que a los riesgos que conllevan prácticas como el bunkering -avituallamiento en alta mar, de barco a barco- hay que sumar el peligro de que “las tripulaciones de las naves que fondean en las costas andaluzas sean cortas y con poca o ninguna experiencia”, lo que puede provocar “errores al maniobrar que cuesten muy caro al medio ambiente, la población de la comarca e incluso a ellos mismos, que ponen en riesgo sus vidas”.
En ese contexto, el portavoz de Verdemar, Antonio Muñoz, quiso dejar sentado que cuando los dos Vemaoil protagonizaron el último incidente el pasado diciembre, “no avisaron a las autoridades marítimas españolas de lo que estaba sucediendo y eso es muy peligroso”.
“No es lo mismo que coja a una embarcación a la deriva un remolcador antes de que llegue a la orilla, que no lo haga”, añadió para defender que “eso no se puede repetir”.
Desde Ecologistas en Acción no lo dudan: “La pericia de los grupos de trabajo de la Organización Marítima Internacional debe impedir, de una vez por todas, la masiva implementación de innovaciones tecnológicas a bordo de los buques sin las tripulaciones de seguridad exigidas y sin los módulos de formación requeridos”, mantienen.
Formación
Creen necesario garantizar “que se tenga debidamente en cuenta la formación del personal de los buques y de los centros de salvamento para poder solucionar cualquier emergencia que suceda en la mar”.
En el mismo tono, dicho grupo, Agaden, Greenpeace y Environmental Safety Group han avisado en varias ocasiones, incluso por escrito, de que “el Parque Natural del Estrecho, junto con la desembocadura del río Palmones y el recién creado Lugar de Interés Comunitario (LIC) del Estrecho Oriental necesitan la actuación responsable de las administraciones públicas que asegure su conservación, en especial de la Junta, ya que son las comunidades las encargadas de la gestión de los LIC”.
Lamentan que, hasta la fecha, “el Gobierno andaluz no haya dado muestras de preocupación por la situación de la comarca”.
